| OPINIÓN |
Editorial |
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Aproximación
a la cultura-mundo de los 90.
Ramón Zallo |
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De los numerosos problemas que afectan a la cultura
y a la comunicación parece oportuno entresacar algunas cuestiones
centrales que, creo, definen el actual marco geocultural (1).
1. Hay una grave contradicción entre
las potencialidades tecnológicas actuales y la limitada y sesgada
capacidad de la estructura social, económica y política
por aprovecharlas. No se han cumplido, así, las expectativas sociales
derivadas de la extensión de las nuevas tecnologías de la
información en el sentido de una sociedad de la información,
una sociedad post-industrial interconectada y horizontalizada, aunque
tampoco las posiciones sobre la indefensión social ante el big
brother tecnológico, puesto que la sociedad ha demostrado más
resistencias de las esperadas a la uniformación.
2. El espacio comunicativo y cultural aparece
-ante la retirada parcial del Estado- como un nuevo espacio privilegiado
de valorización de capitales, como un sector estratégico
en lo económico y en la gestión social. La regulación
económica convierte mayoritariamente la cultura en mercancías
culturales en su doble vertiente: se reducen las posibilidades de producir
e intercambiar socialmente cultura que no sea, al mismo tiempo, mercancía,
y las mercancías para ser viables han de ser, o parecer al menos,
culturales. Es por ello que no cabe hablar de "muerte de la cultura",
sino de un cambio -muy importante por lo demás- de la forma social
de la cultura. La regulación económica marca las tendencias
dominantes en la producción cultural, selecciona productos y modas,
transnacionaliza la cultura, acelera la rotación y la obsolescencia
de la producción cultural, homogeneiza universalmente vivencias
culturales pero, al mismo tiempo, no puede sino respetar y cultivar los
ámbitos minoritarios de la cultura culta y de elite (fuente de
renovación de la cultura y mercado significativo) y seguir alimentando
las inquietudes estéticas, de valores, de sentimientos, de preguntas
que se hace la humanidad sobre sí misma y su sentido y que son
las que legitiman la función sacral de la cultura.
3. Sigue siendo de gran importancia el problema
de la concentración de capitales en el área cultural y comunicativa.
Y ello por varias circunstancias: su impacto sobre el pluralismo tanto
en lo que se refiere al acceso de la población como al poder que
ostentan los Grupos ante el propio Estado y la sociedad; su influencia
en la generación y producción simbólica en el interior
de cada sociedad democrática, tanto en el plano nacional, regional
y local,como en el plano del sistema comunicativo y de cada industria
cultural, lo que limita el alcance de las políticas culturales
y la capacidad de gestión en cada país sobre los resortes
que reproducen, revitalizan y democratizan la cultura; las repercusiones
inmediatas que el tamaño de las empresas tienen en la conformación
de posiciones dominantes en el mercado, permitiendo influir decisivamente
en los contenidos de la cultura de los países y alterar los mecanismos
de precios y calidades; la conformación de liderazgos entre zonas
geopolíticas (geoculturales) y entre los propios países
de cada área,estableciendo una jerarquía internacional.
4. La formación de firmas y grupos de
comunicación transnacionales cada vez más potentes no impide
la emergencia de muchas pequeñas firmas. En el sector cultural
los grandes grupos transnacionales además de rentables y objeto
codiciado de operaciones de capital, dominan la oferta y la comercialización
de buena parte de las mercancías culturales pero, al contrario
de otros sectores en los que juegan más ampliamente las economías
de escala, hay un margen para las pequeñas empresas, para el trabajo
autónomo y para la creatividad de modo plenamente funcional al
sistema transnacional atendiendo las ofertas más especializadas,
la experimentación, la formación de trabajadores creativos,
la subcontratación o la implantación del modelo neotaylorista
de trabajo cultural, mientras que la edición/emisión/distribución
sería la esfera más rentable y acaparada por el capital
transnacional.
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5. El proceso de concentración transnacional
es muy desigual -las transnacionales no pueden ignorar las idiosincrasias
nacionales o las lenguas o las variadas formas proteccionistas- e inacabado
(2). El lugar de la producción nacional está íntimamente
relacionado con el grado y forma de regulación de los servicios
públicos, con la formulación de políticas anticoncentración
y con las acciones de promoción y apoyo a las actividades culturales
en sus vertientes de producción, distribución y difusión.
El número, estructura y jerarquía de los agentes económicos
y sociales podrían depender, en buena parte, de la política
tecnológica, industrial, espacial y cultural realmente existentes.
6. Los Estados remiten parte de sus responsabilidades
tradicionales de información, cultura, entretenimiento, formación
de la opinión pública....a los empresarios y, más
particularmente, a las grandes corporaciones organizadas como oligopolio
mientras que los gobiernos privilegian a unos u otros grupos de comunicación
según conveniencias. De hecho se establece una alianza entre Estado
y algunos operadores privilegiados, lo que se expresa en una enorme fluidez
comunicativa del discurso de los poderes. El Estado reduce cada vez más
su función a la subsidiarización del poco rentable y, sin
embargo, imprescindible arte tradicional, invitando también a participar
a los nuevos mecenas estimulados fiscalmente.
7. En las sociedades occidentales hay una correspondencia
entre el creciente déficit democrático y el déficit
comunicativo que se deriva, de hecho, del desplazamiento de la comunicación
interna de la sociedad civil por la comunicación corporativa y
la comunicación pública. Desde ese predominio, la sociedad
civil es sustituida por las nociones referenciales de audiencia y de opinión
pública cuando, ambas, son construcciones de los medios y las fuentes
informativas corporativas e institucionalizadas. La comunicación
social es cada vez menos directa y más mediada e interferida.
8. La crisis de identidad, legitimidad y financiera
de los servicios públicos no está resuelta. La instrumentalización
política, la emergencia de televisiones privadas, el desarrollo
de nuevos sistemas de comunicación y el cambio de los espacios
comunicativos, suponen retos que se debían haber afrontado desde
una redefinición social global del servicio público, incluido
el sistema de financiación. Curiosamente, en el caso español,
es con la telebasura, los reality shows, el reajuste de RTVE y las obligaciones
derivadas de la Directiva sobre la televisión sin fronteras cuando
se ha iniciado un limitado debate público sobre la televisión.
Sin embargo, sigue sin abordarse, entre otros, un factor esencial del
modelo televisivo: la reterritorialización de la televisión,
tanto pública como privada, conforme a criterios federales -del
tipo del sistema alemán-. Además de acercar el sistema comunicativo
al modelo organizacional más próximo al ciudadano y a las
especificidades culturales, supondría dos cosas: una notable reducción
de costes públicos al evitar el solapamiento del sistema centralizado
y los sistemas autonómicos y una oportunidad para televisiones
privadas, públicas o mixtas, de ámbito comarcal o provincial.
9. Esas condiciones y las tendencias a la neotaylorización
del trabajo creativo, más acentuadamente en el sistema de medios
de comunicación, rutiniza el trabajo, amplía las competencias
de editores y programadores y reduce la autonomía de los creadores
culturales. La autonomía queda reservada a autores y creadores
exitosos. Con todo, en la medida en que la viabilidad de cada producción
cultural está en su diferenciación en un magma de miles
de producciones que compiten en el mercado, la puesta en común
de saberes creativos y sociales diferenciados en el seno de equipos polivalentes
aparece como una variante interesante de nuevas creatividades.
10. En un marco en que las comunicaciones en
el interior del Estado-nación estaban aseguradas en todos los planos
materiales (redes, medios de comunicación, industrias culturales)
e incluso simbólicos, las esperanzas de la sociedad en los 80 se
situaban en dos ámbitos: lo regional/local y el espacio-mundo.
Los grupos humanos pretenden, por un lado, ampliar sus comunicaciones
interpersonales o grupales a través de la mediación comunicativa,
y por otro lado, ser parte del acontecer del planeta, de la Humanidad
como un todo.
Sin embargo, la comunicación-mundo es
enormemente desequilibrada y jerarquizada: jerarquía entre el Norte
y Sur; pugna tripolar en el Norte; intercambio desigual informativo y
cultural dentro de cada polo del Norte; jerarquía dentro del Sur
y peso especializado de algunos de sus grupos de comunicación en
los circuitos mundiales; jerarquía entre comunicación transnacional,
nacional y local.
Hay una positiva reacción en todo el mundo
por acercar la gestión de las comunicaciones y del propio sistema
comunicativo a las necesidades de cada comunidad. Este talante busca el
ajuste entre sistema comunicativo, construcción democrática
y pluralismo. Son tiempos en los que las identidades primarias colectivas
buscan expresarse, organizarse, dotarse de estatus, de capacidad de interlocución
en un momento de crisis de identidad de las construcciones políticas
modernas -los Estados-nación- sin que todavía las Administraciones
centrales se hayan dado por enteradas (3).
11. La estratificación cultural, lejos de
reducirse, se amplía con la coexistencia de una cultura de acceso
económico y decodificación relativamente fácil -la
cultura de masas- y una cultura cara y que requiere una formación
o especialización previa -la cultura culta o especializada-. La
comunicación generalista y estándar coexiste con la comunicación
estratificada y personalizada al alcance de minorías sociales o
de elites.
Al fenómeno de la apropiación corporativa
de las tecnologías de la información le corresponde una
distribución social desigual en un ámbito que parcialmente
estaba compensado por las reglas del Estado del Bienestar. La multiplicación
de nuevas ofertas conlleva, en una economía que va ampliando los
espacios mercantiles, una asignación de precios y una discriminación
entre la población por niveles de rentas, conocimientos, ubicación
geográfica....
12. A pesar de la subordinación de las políticas
culturales a los imperativos de la reproducción económica
y social; a pesar de la sustitución creciente del gasto público
cultural de Estados estructuralmente deficitarios, por la publicidad,
el patrocinio y el gasto privado, mientras se instala crecientemente la
cultura de pago; a pesar de que la ampliación cualitativa de la
información y de los soportes no ha supuesto una democratización
del acceso a comunicar; a pesar de que los Estados mercantilizan sus propias
actividades y enfocan la problemática cultural cada vez menos desde
un punto de vista cultural y social, y cada vez más desde un punto
de vista de costes y rentabilidades.... a pesar de todo ello, hay un margen
para una política cultural democrática y progresista, incluso
en una nación sin Estado.
La política de democracia cultural intenta
asumir objetivos propios de modelos políticos anteriores como los
de democratización cultural -tales como preservar el legado cultural,
fomentar la actividad creadora y garantizar la igualdad de acceso a la
cultura desde un concepto de Estado integrador-, y les añade la
pretensión de implicación social en la generación
de la cultura.
En los últimos 80 se advierte un desarrollo
de esta concepción en varios planos: la cultura se concibe como
un derecho cívico y social básico de cada ciudadano concreto;
se comienza a utilizar un concepto multipolar de la cultura (derecho social,
identidad cultural, recurso económico, regeneración urbana,
imagen) para hacer frente a los retos de la modernidad; se tiende a la
regionalización de la producción, las prácticas culturales
y el gasto público cultural; se comienza a considerar el sector
cultural como un sector estratégico; el gasto cultural en algunos
países se va desplazando hacia los ámbitos de producción
cultural a costa de las áreas de patrimonio, formación cultural
o difusión; se entra en una fase de readaptación de los
servicios públicos; la cultura, además de patrimonio, artes
tradicionales y unas revalorizadas industrias culturales, alcanza a los
subgéneros y la cultura popular tradicional; se comienza a valorar
las culturas minorizadas y la búsqueda de fluidez comunicativa
entre culturas con un respeto y promoción del interculturalismo,
el multiculturalismo y la aceptación del pluralismo social como
expresión de la diversidad social y como riqueza colectiva; se
aborda el debate sobre límites a los procesos de concentración
de capital en la cultura y la comunicación; hay una cierta reacción
en favor de la autonomía de los creadores y comunicadores y de
diferenciación entre servicio público y brazo informativo
del Estado; se dan pasos a la autoorganización de los usuarios
de la comunicación; se revaloriza el papel de las pequeñas
y medianas empresas creadoras y productoras; hay una preocupación
social por la educación en el uso funcional de las nuevas tecnologías....
Todo ello es coetáneo a fenómenos indeseados
y de gran calado como son la justificación o consentimiento de
la xenofobia, el encastillamiento europeo frente al Tercer Mundo o la
pérdida de valores inherentes a la democracia social-igualitarista.
Los 90 no están siendo una década propicia
para la radicalización de la democracia política ni cultural
pero, en medio de los sarampiones y desiertos que aún nos aguardan,
también se están sentando las bases para un replanteamiento
global de referentes: qué hacemos con el Poder, qué sociedad
queremos, qué sistema comunicativo, qué nuevos paradigmas
y valores... Son viejas preguntas de la máxima actualidad, que
sin sueños ni apocalipsis,reclaman utopías razonables y
la vuelta a la palestra de una nueva -ya no será la del 68- y militante
intelectualidad.
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Esta realidad sólo parece necesitar demostración
en España y el mundo hispanohablante, una vez más agazapado
a la espera de estos trabajos en otros países, postura recomendable
para la carrera que seguirá a fin de llegar los primeros a la compra
de lo que, sobre el español, se produzca en países ajenos
a la lengua española. El que inventen ellos, como una maldición
de los tiempos modernos, sigue repitiéndose entre quienes deben
administrar con talento los recursos nacionales.
Todavía menos se entiende la situación
si se considera, de acuerdo con los expertos reunidos en Luxemburgo, que
es imprescindible reforzar los estándares y apoyar aquellas acciones
en marcha para lograr una más adecuada representación de
los textos orales y escritos y que los profesionales y los organismos
españoles activos en estos terrenos son activísimos en las
asociaciones e iniciativas que favorecen estos estándares, actividades
en las que suelen participar a su propia costa. Por ello, el corpus español,
en desarrollo embrionario pero vivo, se está realizando según
estos estándares,lo que garantiza la total reutilización
de sus datos, así como su fácil adaptación a cualquier
necesidad de la industria y la tecnología del idioma.
Alguien debe asumir la responsabilidad de
apoyar realmente estos proyectos o de hacerlos abortar, siempre que, en
el segundo caso, esté dispuesto a explicar a los hispanohablantes,
especialmente a los españoles, que, cuando en el futuro utilicen
servicios lingüísticos automatizados, deberán tener
en cuenta que pagan derechos a compañías de fuera de España,
que favorecen el estudio, la investigación y la ocupación
de puestos de trabajo de técnicos de la Informática y la
Lingüística en el extranjero y que eso se ha hecho estrángulando
el desarrollo específico nacional. Nuestro proverbial descuido
da pie a toda suerte de rumores. En Luxemburgo se decía, por ejemplo,
que la Real Academia Española está discutiendo con Oxford
University Press la publicación de los diccionarios en CD-ROM,
algo que está al alcance de varias empresas españolas, con
alguna de las cuales la propia Academia ya ha tenido conversaciones. Estos
absurdos no se producirían si de verdad se viera que nuestra actividad
industrial y nuestro mercado están protegidos por nuestros administradores.
Si no se pone remedio, deberíamos pedir
al menos que los lingüistas de otros países que desarrollen
sistemas que permitan comunicarse en español con bases de datos,
corpus textuales, elaborar gramáticas o diccionarios, desarrollar
sistemas de comunicación con voz, sistemas de traducción
por ordenador o programas de ayuda lingüística-informática
a los discapacitados, entre otros, incluyeran una nota que, cuando el
usuario seleccionara la lengua española entre varias opciones posibles
al acceder al sistema, emitiera el siguiente mensaje: "Gracias por
elegir el español y por haber preferido para preparar este sistema
a investigadores ajenos a los centros de educación, investigación
y trabajo en España e Hispanoamérica."
La síntesis es clara y, por ponerla
en términos lingüísticos, puede enunciarse así:
en futuro perfecto para los países no hispanohablantes, en futuro
imperfecto para España. Dada nuestra modalidad, tampoco extrañaría
que ese futuro imperfecto fuera, además, de subjuntivo.
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