Legislacion, a punto para 1992. Telecomunicaciones españolas. Mirta Dragoevich

Las telecomunicaciones españolas han comenzado 1992 con legislaciones, normativas y contratos en condiciones de asumir el reto económico y tecnológico de su pertenencia al continente europeo.
En los dos últimos meses de 1991 se han aprobado la reforma a la Ley de Ordenamiento de las Telecomunicaciones (LOT) de 1987 y el Plan Nacional de Telecomunicaciones, además de firmarse el nuevo Contrato del Estado con Telefónica para reemplazar el que regía desde 1946.
La red de telefonía básica, y los servicios de telefonía móvil terrestre y marítimos, más los de telefax, videotex y teletex, son los únicos que conserva Telefónica en el monopolio de un mercado que, en España, duplicará su facturación entre 1990 y el 2000.

Mientras que el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que proyecta su regulación hasta el 2002, se diseñó con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, orientar el cambio social que comportan las tecnologías de la información, consolidar un sector de telecomunicaciones fuerte y cooperar en la creación del espacio europeo de las telecomunicaciones.
En tercer lugar, la modificación a la LOT promulgada en 1987, aprobada a fines de 1991 por el Consejo de Ministros, ha brindado el marco legal necesario para la liberalización de los equipos terminales que ha alcanzado prácticamente su total desarrollo en España.

La ley incorpora la definición de la telefonía móvil automática y de la conmutación de datos como servicios de valor añadido, a pesar de que por el momento Telefónica mantendrá su explotación en exclusiva, debido a que ambos utilizan un recurso escaso que es el espectro público radioeléctrico.

LOS PILARES DEL DESARROLLO

La modificación de la LOT, el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el nuevo Contrato de Telefónica con el Estado, conforman los tres pilares sobre los que se basará el desarrollo de las telecomunicaciones modernas en España, enmarcado en el mercado europeo unificado.
Según el informe de Enrique Bustamante y J.M. Salaún, del libro Telecomunicaciones y Audiovisual en Europa, desde el punto de vista del derecho en esta materia se contemplan dos períodos distintos, divididos en un antes de la ley sobre la Ordenación de las Telecomunicaciones, y un después de ésta.
Ese camino que comenzó en 1987, con un fuerte retraso en relación con otros países de Europa, se ha consolidado en estos cuatro años hasta completar el marco de regulación que antes se regía en materia de telecomunicaciones sólo por el Contrato del Estado con Telefónica.

Para el subdirector general de Planificación Estratégica de esa compañía, Alberto Blanco Losada, lo más importante de este contrato es que se haya firmado. Porque el anterior, que había expirado en 1986, databa de 1946 y actuaba a modo de ministerio de las Telecomunicaciones por su poder regulador absoluto en esta materia, aunque ya no se adecuaba a la realidad tecnológica actual.
Blanco Losada destaca que el nuevo contrato es más simple, porque muchas de las cuestiones que se acordaron en 1946 hoy están reguladas por la LOT de 1987 que, a su vez, supone el desarrollo nacional de las directivas de la CEE. "En 1946 -explica- todo lo que no estaba en el contrato no estaba en el mundo".
Entre 1988 y 1991 se han ido plasmando las directivas contenidas en el Libro Verde de las Telecomunicaciones europeas, en primer lugar con la separación entre autoridad reguladora nacional y operador, al crearse el ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones, que en la actualidad se denomina de Obras Públicas y Transporte.

En segundo lugar, se han liberalizado los terminales telefónicos con el último paso adoptado en julio pasado al permitir la libre competencia inclusive en el teléfono principal. Medida que se complementó en los primeros días de enero de 1992 con la liberalización de las centralitas privadas digitales. El monopolio de la telefonía móvil y de la transmisión de datos por conmutación de paquetes quedarán en manos de Telefónica hasta 1994 en el primer caso y 1993 en el segundo.
Según Blanco Losada, el nuevo contrato de Telefónica con el Estado en realidad representa la concesión exclusiva del servicio de telefonía básico y de la explotación de la red, desde el momento en que parte de la base de que esta última debe ser única. A cambio, la empresa se compromete a colocar teléfonos de servicio público en todos los núcleos urbanos de más de diez habitantes, en un plazo máximo de cinco años.

ORIENTAR EL CAMBIO SOCIAL

Este y otros objetivos de extensión del servicio telefónico fueron planteados con la intención de orientar el cambio social que comportan las tecnologías de la información, evitando la acentuación de las desigualdades y la aparición de bolsas de marginación, tal como lo consigna el Plan Nacional de Telecomunicaciones.
Para el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, el nuevo contrato rompe además con la situación anterior que le otorgaba rango de ley y permitía que la actividad de Telefónica quedara sin someter a la legislación general del Estado.
Otro aspecto importante, según el ministro, es que se incluye la sujeción de Telefónica al principio de neutralidad en la prestación de los servicios monopolizados con respecto a otros prestadores de servicios de telecomunicación en libre competencia.
Para que este objetivo se cumpla, el directivo de la compañía aclara que Telefónica se verá obligada a someterse a auditorías anuales, realizadas por una entidad externa, en la que se confirme que los precios cobrados por la explotación de la red única no afectan a la neutralidad en los servicios prestados en régimen de competencia. No sólo se pretende determinar, mediante estas auditorías, si el precio es neutral con respecto a la competencia, sino también si está justificado con respecto a otros costes.
En este sentido, Blanco Losada recuerda que se han producido cambios drásticos desde el último Telecom celebrado en Ginebra, que obligan a subastar equipos para que todos puedan acceder en condiciones de igualdad y también para que no se puedan reservar compras de forma arbitraria. Lo que se persigue con esta libertad de comprar equipos es equiparar las condiciones de los operadores para poder competir.
Por último, el contrato con el Estado obliga a Telefónica a adoptar las medidas a su alcance para garantizar el secreto de las comunicaciones, en función del desarrollo tecnológico, a incorporar las mejoras disponibles y a mantener los centros de formación necesarios para instruir y preparar a sus empleados en las técnicas de telecomunicación más avanzadas.

EL PLAN NACIONAL

Telefónica está obligada a cumplir los objetivos del Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), en cuanto a los servicios que presta en régimen de monopolio, en tanto que las indicaciones para los que se prestan en régimen de libre competencia son de carácter orientativo.
La satisfacción de las necesidades de la sociedad mediante la oferta de un conjunto ordenado de servicios básicos y de difusión con niveles de calidad garantizados, es uno de los cuatro objetivos que resumen la política del Gobierno para las telecomunicaciones.

El PNT busca también la orientación del cambio social que comportan las tecnologías de la información, con un capítulo completo dedicado al desarrollo regional y a la extensión de los servicios básicos, y la consolidación de un sector fuerte mediante la potenciación de su capacidad tecnológica.
En relación con el área de los servicios básicos, y en especial del telefónico, el principal objetivo es el de alcanzar la media comunitaria tanto en penetración como en calidad.

El plan diseñado por el gobierno prevé alcanzar una penetración de 56 líneas por 100 habitantes, con un volumen cercano a 23 millones de terminaciones de red en servicio al final del período de vigencia del plan en el 2002.
Las inversiones previstas para alcanzar estos objetivos suponen unos cinco billones y medio de pesetas durante 12 años en el sector regulado, y representan un billón más si se añaden las previsiones para las áreas liberalizadas.
La fecha del primero de enero de 1993, contemplada por la reforma de la LOT para la liberalización de la conmutación de datos, o del primero de enero de 1996 para la posibilidad de revender los circuitos alquilados a la red pública, marcan algunos de los hitos de una carrera por ganar un mercado que en el mundo puede llegar a superar los 200.000 millones de dólares anuales en el 2000.