El Presidente de los Estados Unidos quiere devolver a un sector emblemático al lugar que le corresponde. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Léalo en este artículo.

      
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1. Introducción

Todos conocemos la difícil situación actual de la economía norteamericana y, en consecuencia, también de la economía mundial en los últimos meses. Comenzó con la “crisis de las hipotecas subprime”, y se propagó con rapidez por los mercados de todo el mundo. En este artículo no trataremos este tema en concreto, sino que haremos un análisis de las medidas que está desarrollando el Gobierno de Obama para hacer frente a la crisis; nos centraremos, principalmente, en lo que afecta al mercado de las telecomunicaciones. Estas medidas se han recogido en la Ley de Recuperación y Reinversión de EE.UU. para 2009[1] (Ley de Recuperación), que fue firmada por el presidente Obama el pasado 17 de febrero de 2009.

Esta Ley ha supuesto un esfuerzo enorme para reforzar la economía estadounidense, y crear o proteger millones de puestos de empleo; este sacrificio es solo comparable a los planes desarrollados tras la bancarrota de 1929 durante el periodo “keynesiano” de EE.UU. La Ley pretende promover la recuperación y el crecimiento de la economía, e incluye medidas para modernizar las infraestructuras del país, favorecer la independencia energética, ofrecer más oportunidades en el ámbito educativo, conservar y mejorar el sistema de sanidad y reducir impuestos.

En línea con la intensa estrategia de comunicación desplegada, el gobierno de Obama ha creado una página web (www.recovery.gov) para divulgar el plan y proporcionar más información al respecto. En esta página, aparecen reflejados algunos de los objetivos de la Ley de manera más detallada:

• Crear o proteger más de 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos dos años.
• Avanzar firmemente en el proceso de informatización de los historiales clínicos de los estadounidenses, reducir los errores médicos y ahorrar miles de millones en costes de sanidad.
• Revitalizar el sector de energías renovables, y proporcionar el capital necesario en los próximos tres años para duplicar la capacidad de producción de energías renovables del país.
• Poner en marcha el programa de acondicionamiento previsto para la modernización del 75% de los edificios federales y de más de un millón de hogares.
• Facilitar el acceso a la universidad para siete millones de estudiantes a través de la financiación de “Pell Grants” (programa federal de concesión de subvenciones), del incremento del nivel máximo de subvención hasta los 500 dólares estadounidenses (unos 376 euros) y, por último, de una mayor reducción de impuestos en materia de educación a cuatro millones de estudiantes aproximadamente.
• Hacer efectivo el mayor incremento en la financiación de carreteras, puentes y sistemas de transporte público desde la creación del sistema de autopistas en la década de 1950. Dicho aumento es parte de la inversión de 150 billones de dólares estadounidenses (unos 113.000 millones de euros) que se ha previsto para nuevas infraestructuras.
• Proporcionar un crédito de hasta 800 dólares estadounidenses (unos 600 euros) en la devolución de impuestos por medio de la denominada Making Work Pay, una ayuda que se destinará a 129 millones de familias trabajadoras; del mismo modo, se pretende rebajar las obligaciones fiscales a millones de familias con hijos a través de la ampliación del crédito Child Tax.

Los gráficos y cifras siguientes ofrecen una idea de las partidas que reciben el dinero.

Del total de 789 billones de dólares estadounidenses (unos 600.000 millones de euros) destinados a aliviar la economía estadounidense mediante la combinación de financiación pública y reducción de impuestos, se ha previsto asignar 7200 millones de dólares (unos 5200 millones de euros)[2] (~1%) al desarrollo y expansión del acceso a la banda ancha en todo el país, y, especialmente, en las zonas rurales. El cupo destinado a ello será supervisado por el Departamento de Agricultura a través de la Administración de Servicios Públicos en zonas rurales, denominada Rural Utilities Service (RUS), así como por el Departamento de Comercio. Este es uno de los puntos que aparecen tanto en la versión del proyecto de ley del Congreso como en la del Senado, y que ha sido incluido también en el informe de conferencia final. Hay otras dos partidas de TI que complementan este punto, y que, dada su importancia, podrían añadirse a la demanda de servicios de banda ancha: Health IT [19000 millones de dólares estadounidenses (14000 millones de euros)] y Smart Grid[3] [11000 millones de dólares estadounidenses (8000 millones de euros)].

A continuación, detallaremos ampliamente el plan de banda ancha previsto para incentivar y desarrollar esta área del sector de telecomunicaciones de EE.UU. Antes de empezar, sin embargo, es preciso que hagamos hincapié en el gran cambio que conllevará para la economía norteamericana y, en mayor medida, para el sector de las telecomunicaciones. Para incidir en ello, citaremos algunos ejemplos que han ayudado a ilustrar el caso de EE.UU. a lo largo de la historia.

El despliegue de banda ancha realizado por países como Japón, Corea del Sur y Suecia fue apoyado por la intervención de sus gobiernos y por diversas ayudas que despertaron el interés de los demócratas estadounidenses, a raíz de las estadísticas en materia de banda ancha publicadas por la OCDE a este respecto. Dicho informe constataba el retraso de EE.UU. con respecto a estos países en cuanto a la penetración en el mercado de banda ancha. Asimismo, estos países han propiciado una mayor demanda del servicio, incentivando a escuelas, hospitales y otras instituciones en favor del uso de servicios de internet de alta velocidad.

Por ejemplo, Suecia ha construido una de las redes de banda ancha más rápidas y extensas de Europa, gracias a que su gobierno ofreció amplias reducciones de impuestos a las inversiones en infraestructuras, subvenciones directas para el despliegue en zonas rurales y, además, dispuso de recursos municipales de su propiedad para crear redes locales troncales. Japón dio permiso a las empresas de telecomunicaciones para que amortizaran una tercera parte, aproximadamente, de la inversión realizada en banda ancha durante el primer año (la política habitual exige prolongar las deducciones a lo largo de un plazo de 22 años). El gobierno japonés también subvencionó la construcción de redes de banda ancha, facilitando préstamos a bajo interés, e incluso se hizo cargo del pago de una parte de la instalación de dichas redes en zonas rurales.

Australia e Irlanda también se están preparando con vistas a desarrollar amplios servicios de banda ancha en sus respectivos sectores de telecomunicaciones; el gobierno australiano comenzó el proceso con una subasta de contratación pública, pero, finalmente, ha decidido construir la red de fibra por sí mismo. Además, Irlanda contrató los servicios de un operador móvil para la provisión de servicios de banda ancha móvil en zonas que aún no están cubiertas; en entornos rurales, principalmente.

La Comisión Europea ha hecho pública la propuesta de invertir 1000 millones de euros en el despliegue de banda ancha en zonas rurales, ya que se pretende lograr el 100% de la cobertura de internet de banda ancha para 2010. Dicha propuesta forma parte del Plan de Recuperación de la UE que el Consejo Europeo apoyó el pasado mes de diciembre de 2008, a modo de respuesta a la crisis financiera mundial. Según la Comisión, invertir en banda ancha puede estimular el crecimiento económico, el empleo, la innovación y la cohesión territorial. Así, los fondos europeos deberán destinarse a programas de desarrollo rural existentes, creados de acuerdo con las normas establecidas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La propuesta de la Comisión tendrá que obtener el beneplácito del Consejo y del Parlamento.

Antes de que la actual situación económica sorprendiera a EE.UU, nadie hubiera imaginado que el gobierno de este país se vería obligado a sacar adelante una propuesta de este tipo. De cualquier manera, parece que las cosas han cambiado, y el gobierno de Obama ha dispuesto un plan de transformación profunda dirigido a revitalizar su economía. Dicho plan confía tanto en el efecto multiplicador de la banda ancha como en el impacto que ésta puede tener sobre la competitividad y la creación de empleo. El texto ha sido inspirado por una nueva teoría del crecimiento económico denominada “economía de la innovación”, en oposición a las doctrinas económicas de tradición neoclásica y neokeynesiana.

2. El plan de la banda ancha

Como hemos mencionado anteriormente, la Ley de Recuperación y Reinversión de EE.UU. ha asignado un total de 7200 millones de dólares estadounidenses (5200 millones de euros) a proyectos relacionados con la banda ancha. El 90% de estos fondos se destinará a ayudas, créditos y garantías para los préstamos. Serán dos los organismos que se encarguen de administrar estos fondos: el Departamento de Agricultura (USDA) a través del programa Rural Utilities Service (RUS) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio (NTIA).

Es preciso destacar que se dará prioridad a proyectos rurales y a aquellos que, en principio, no tengan atractivo comercial para los operadores. Igualmente, la legislación es neutral en términos tecnológicos (‘technology neutral’) y en lo que respecta a las organizaciones susceptibles de recibir subvenciones, es decir, está abierta tanto a entidades privadas como públicas.

El primer organismo, el RUS, recibirá 2500 millones de dólares estadounidenses (1800 millones de euros) del total de la inversión. Los fondos se destinarán a ayudas, créditos y garantías para créditos relacionados con infraestructuras de banda ancha que se instalen, en mayor medida, en zonas rurales. La condición principal exige que, al menos, un 75% de las ayudas se concedan a proyectos emprendidos en áreas “que no tienen un acceso adecuado a servicios de banda ancha de alta velocidad, con el fin de favorecer el desarrollo económico de las zonas rurales”.

Además, el RUS deberá dar prioridad a los proyectos candidatos que cumplan las siguientes condiciones:

• Proyectos de sistemas de banda ancha que den opción al usuario final de elegir entre varios proveedores de servicios.
• Proyectos que den servicio al mayor número posible de habitantes de zonas rurales sin acceso a servicios de banda ancha.
• Proyectos de prestatarios o antiguos prestatarios incluidos en el título II de la Ley de Implantación de Redes Eléctricas en Zonas Rurales de 1936 (Servicio Telefónico de Zonas Rurales).
• Proyectos que tengan la capacidad de demostrar que estarán totalmente subvencionados y que se podrán terminar si se conceden las ayudas y, que, por tanto, puedan comenzar a funcionar rápidamente.

Cabe destacar que el área de destino de los fondos de RUS no se solapará con las ayudas que se conceda la NTIA, tal como describiremos más adelante.

El segundo organismo que hemos citado, la NTIA, pondrá en marcha el programa de oportunidades de tecnologías de banda ancha, un programa de desarrollo de ámbito nacional que se centrará tanto en la provisión de servicios como en la demanda, y que se ejecutará en colaboración con la Comisión Federal de Comunicación (FCC[4]). Los objetivos del programa son los siguientes: ofrecer acceso a servicios de banda ancha en áreas “no cubiertas”, y mejorar el acceso en áreas en las que no se proporcione un servicio adecuado hoy en día. Dicho programa no solo debería facilitar formación, medios de sensibilización, acceso, equipamiento y apoyo a diversas instituciones educativas, sino que sería conveniente también que ayudara a mejorar el uso de la banda ancha por parte de las agencias de seguridad nacional y a estimular la demanda de servicios de banda ancha.

Queremos incidir en el hecho de que el programa se promocionará de manera “neutral en términos tecnológicos”; es decir, tendrá en cuenta a distintos operadores –servicios de línea fija, cable e inalámbricos– y a los tipos de tecnología disponibles, como DSL, cable, 3G, 4G, Wimax, etc.

Para acceder a los fondos provistos por la NTIA también hay que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos hace referencia a la urgencia del plan en cuestión: todas las ayudas se concederán antes de la conclusión del ejercicio fiscal de 2010, y serán destinadas únicamente a proyectos cuyo plazo de ejecución no supere los dos años desde la fecha de concesión de la subvención. Los plazos de tiempo son un factor para tener en cuenta, ya que el gobierno estadounidense pretende obtener resultados y dividendos en un plazo de tiempo relativamente corto.

Con el propósito de cumplir con este objetivo, el FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) dio inicio a las negociaciones para desarrollar el NBP (Plan Nacional de Banda Ancha) a principios de abril. El FCC comenzó el proceso para crear el NBP con una notificación de investigación, en la que solicitó información a los interesados: los consumidores, el sector, las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro, la comunidad de discapacitados, los gobiernos y el resto de partes interesadas. La Comisión solicitó información en lo referente a los siguientes puntos:

• El modo de poner en práctica un plan que garantice a todos los ciudadanos norteamericanos el acceso a servicios de banda ancha, y el modo de establecer referencias para medir la consecución de dicho objetivo.
• El modo más rentable y eficaz para garantizar el acceso a la banda ancha a todos los ciudadanos norteamericanos.
• Las estrategias de viabilidad económica y el aprovechamiento máximo de las infraestructuras y servicios de banda ancha.
• La evaluación del despliegue de redes de banda ancha, incluyendo información sobre la situación de los programas de concesión de ayudas.
• El modo de utilizar la banda ancha en beneficio de las siguientes cuestiones: el bienestar de los consumidores, la participación ciudadana, la seguridad ciudadana y nacional, el desarrollo de las comunidades, la provisión de atención médica, la independencia energética y la rentabilidad, la educación, la formación de trabajadores, la inversión del sector privado, la actividad empresarial, la creación de puestos de trabajo, el crecimiento económico y otros propósitos de índole nacional.

3. Health IT

Como ya hemos dicho en la introducción, las medidas de la Ley de Recuperación, relativas a las tecnologías de información de la salud (HIT), deberían agilizar la adopción y el uso de HIT en las prácticas médicas de los próximos años. La Ley pondrá 14.000 millones de euros a disposición de las HIT, de los que 13.000 se asignarán a incentivar la adopción de HIT por parte de los proveedores de servicios Medicare[5] y Medicaid[6] durante los próximos cinco años. Los 1.000 millones restantes se utilizarán para subvencionar de manera directa las infraestructuras HIT del país. Este sistema combina la provisión de incentivos y la imposición de multas, con el objeto de favorecer la adopción y el uso de las HIT entre los proveedores de servicios Medicare y Medicaid.

Si bien todos los médicos son susceptibles de recibir estos incentivos, se han definido unas condiciones generales para evaluar qué actividades de Medicaid son merecedoras de las ayudas. Por ejemplo, el número de pacientes Medicaid del médico solicitante tendrá que ser de 30 como mínimo; los médicos de hospital no tendrán posibilidad de recibir estas ayudas. Los pagos se destinarán al médico en cuestión, y no a la actividad ejercida.

Además, según las medidas HIT referentes a servicios Medicare provistas en la legislación para la recuperación económica, aquellos médicos que “hagan un uso significativo” de un sistema HIT aprobado a partir de 2011 tendrán la opción de recibir una ayuda de hasta el 75% de los costes Medicare permitidos. El límite estará en el máximo establecido para ese año en concreto.

La Ley ha previsto, incluso, un incentivo superior para primar la adhesión temprana de algunos médicos (es decir, a los “early adopters”). Estaríamos hablando, en este caso, de aquellos que hagan un primer “uso significativo” de sistemas HIT en 2011; los incentivos anuales se comenzarán a pagar a partir de ese año o el siguiente. Estos médicos podrían recibir el equivalente de hasta 13.500 euros el primer año que adopten estas nuevas tecnologías. En el caso de un médico cuyos costes permitidos en 2011 ó 2012 sumaran 18.000 euros o más, ese año tendría derecho a los 13.500 euros.

Para concluir, del mismo modo en que se han establecido prioridades para el plan de banda ancha en zonas rurales, se ha decidido que la ley concederá un 10% adicional a modo de incentivo a aquellos médicos que ejerzan en las denominadas áreas de escasez de recursos médicos profesionales, (HPSA).

Sin embargo, tal como hemos comentado anteriormente, también se imponen multas en este proceso. Para aquellos médicos que no adopten sistemas HIT, la ley establece la reducción de los pagos por servicios Medicare hasta el 99% en 2015, el 98% en 2016 y el 97% en 2017. Después de 2018, las tasas de pago siguen disminuyendo, pero nunca por debajo del 95%.

4. Asignación de fondos (Verizon) y conclusión

A pesar del breve periodo de tiempo que ha pasado desde su publicación, la Ley de Recuperación parece haber obtenido ya algunos resultados. Aunque no está directamente relacionado con el programa de banda ancha, Verizon está sacando partido a alguno de los beneficios que prevé la Ley. La empresa declaró que está ofreciendo “condiciones de financiación flexibles”, con el objeto de convencer a las empresas para que instalen el equipamiento ahora, y puedan así lograr los beneficios fiscales del programa de recuperación económica más adelante.

Gracias a la Ley de Recuperación, las empresas pueden beneficiarse de una depreciación acelerada de las herramientas de voz y datos encargadas, facturadas y puestas en servicio en el curso de 2009. Verizon está tratando de lograr que las empresas aprovechen esta ventaja.

En palabras del operador, Verizon Credit ofrece una financiación de gran flexibilidad para la compra de equipamiento, que, sumada a la depreciación adicional (“bonus depreciation”), supone un gran incentivo para que las empresas actualicen sus recursos tecnológicos. Verizon Credit anuncia que también puede ofrecer intereses más bajos a los clientes de Verizon Business en caso de que la depreciación esté disponible.

Sin embargo, aún no se ha hecho pública ninguna asignación de fondos relacionada específicamente con el programa de banda ancha. Si tenemos en cuenta el nivel de importancia de lo referido y las cifras que se manejan en la Ley de Recuperación, así como los cambios estructurales previstos, podemos asegurar que será un tema candente dentro de las noticias del sector.

Fuentes

www.recovery.gov

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h1enr.pdf

The Yankee Group
The New York Times
The Wall Street Journal
The American Academy of Family Physicians (AAFP)

Ilustración humorística:
greghalbert.com
Presentación de F&S

Autores: Gustavo Buffara y Carlos Rodríguez de Telefónica S.A.

«Artículo incluido en el boletín eKISS nº 100, una publicación semanal interna de Telefónica»

REFERENCIAS

[1] Para ver el documento, haga clic en el siguiente enlace: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h1enr.pdf
[2] Estos 7200 millones de dólares equivaldrían al 37% del Capex total de AT&T en 2008 (19200 mill $) y al 42% de Verizon(17200 mill $). Si los sumamos ambos, equivaldría a un 20% del Capex total de los dos operadores'
[3] La “smart grid” es una versión de la red de distribución eléctrica que utiliza tecnologías digitales para optimizar la distribución. Muchos gobiernos la están fomentando pues conduce al ahorro energético y a combatir el calentamiento global.
[4] FCC es el organismo regulador de las telecomunicaciones de EE.UU.
[5] Para mayores de 65 años (State backed organism and program to provide healthcare assistance for population over 65).
[6] Para personas de renta baja (State backed organism and program to provide healthcare assistance for low income population).