Debate y Conocimiento

Un reto apasionante y necesario. Una iniciativa clave para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Conozca en este artículo un factor decisivo para reducir la brecha digital.

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Introducción

La primera acción práctica realmente significativa destinada a la universalización del servicio telefónico en España se remonta a la iniciativa de supresión de las zonas de extrarradio y el Plan Operacional de Extensión del Servicio 1992/96, llevada a cabo por Telefónica de España y que permitió la universalización del servicio telefónico eliminando la discriminación en precio y disponibilidad para cualquier ciudadano en cualquier parte del territorio español.

En una fase posterior, y ya en una situación de plena com- petencia, el Plan de Actuacio- nes 2003/08 ha mejorado las condiciones de prestación del servicio y ha permitido la prestación del acceso fun- cional a Internet, un derecho garantizado en España de forma anticipada a la adop- ción del paquete de medidas de revisión del sector de las telecomunicaciones adopta- das por la Unión Europea en el año 2003.

En un paso más hacia una Sociedad de la información (SI) sin brechas digitales, y en el marco del Programa de Extensión de la Banda Ancha en zonas rurales impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2005, Telefónica ha extendido la banda ancha en el medio rural a más de 1.700 poblaciones de toda España (datos de junio de 2006). Este Plan, que se complementa con otras actuaciones de Instituciones Autonómicas y Municipales, extenderá la BA en el medio rural allá donde la escasa dimensión de la demanda no ha justificado una acción directa y comercial.

ANTECEDENTES

Los poderes públicos han entendido que las telecomunicaciones son un elemento imprescindible para el desarrollo de los pueblos, no sólo porque rompe el aislamiento rural sino que resulta básico para el desarrollo de la economía, la cultura y el bienestar de los ciudadanos y el tejido económico de las zonas rurales y aisladas.

Las peculiaridades demográficas del España y su extensión, junto con la accidentada orografía, hacen que la consecución de este objetivo implique realizar elevadas inversiones con rentabilidad negativa en la mayoría de los casos. Esto ha impulsado a las Administraciones Públicas (AAPP) a participar de forma activa, ya sea mediante acuerdos de colaboración o concursos públicos que tienden a extender el servicio telefónico al medio rural. Las AAPP siempre han encontrado en Telefónica una interlocución colaboradora, proactiva y positiva.

La extensión del servicio telefónico en el medio rural ya contemplada desde 1946 en el Contrato de Concesión, fue objeto de una normativa gubernamental específica que tendía a encauzar las acciones de Telefónica en este sentido, como se pone de manifiesto en diversas disposiciones anteriores a la liberalización del sector [1] y en la formalización de lo que finalmente se llamó "obligaciones de servicio universal".

EL PLAN OPERACIONAL 1992/1996

Para calibrar la magnitud de este plan, es necesario recordar la situación de la extensión del servicio telefónico anterior a enero de 1993. El 98,64% de los habitantes disponían de servicio telefónico o de acceso a la telefonía de uso público, mientras que sólo el 63,45% de las entidades de población disponían del servicio. Aunque ello era en parte consecuencia de una elevada atomización administrativa, suponía un desajuste social y requería de medidas que sólo era posible acometer con una estrecha colaboración entre las AAPP y Telefónica.

El problema que se planteaba era de difícil solución, ya que mediante las soluciones técnicas convencionales resultaba inviable ofrecer el servicio a un número tan alto y disperso de entidades, con un número reducido de potenciales abonados.

Afortunadamente, el momento coincidió con el inicio del despliegue de las redes de telefonía móvil analógicas. A pesar de que dichas redes alcanzan su máxima eficiencia en los entornos urbanos, y por tanto donde al menos inicialmente se concentraba la oferta, la aparición de una incipiente competencia y el valor añadido de ofrecer una cobertura nacional, hizo que se reconociesen potenciales sinergias con las redes fijas, pues entonces se intuía que el problema de la extensión generalizada o universal del servicio se resolvería finalmente mediante redes móviles. Todo era cuestión de tiempo.

En este contexto surge el concepto de TELEFONÍA RURAL DE ACCESO CELULAR (TRAC), que permitió la provisión del servicio telefónico básico empleando la estructura de red de la telefonía móvil automática analógica, emulando en el domicilio del cliente un terminal fijo para que la percepción de usuario fuera idéntica a la de un teléfono convencional. Esa adaptación supuso un reto para la industria que fue superado con éxito y con desarrollos singulares a nivel mundial.

Un aspecto clave fue, junto con la reducción del plazo de atención de la demanda, la decisión de suprimir la diferenciación entre zonas urbanas y zonas no urbanas (conocidas entonces como "extrarradios") y la no discriminación tarifaria que ello conllevó. El abonado recibía el mismo trato independientemente de su situación geográfica.

El Plan Operacional significó que toda España pasó a ser una zona urbana: cualquier ciudadano residente en el medio rural dispondría del servicio telefónico con los mismos precios y plazos de provisión que los residentes en los núcleos urbanos principales. Con respecto a la financiación de dicho Plan, se acordó que de los 101.000 millones de pesetas de inversión presupuestada, Telefónica aportaría el 75% y el 25% restante las distintas Entidades Territoriales y AAPP.

EL TRAC Y EL FENÓMENO INTERNET

La revolución que supuso Internet desde mediados de los años 90 llega a su cenit cuando a finales de los 90 se generalizan las tarifas planas para el acceso a Internet por red telefónica conmutada. Las limitaciones del TRAC, basado en una tecnología analógica y cuyo acceso de datos escasamente permitía una navegación web elemental y recibir o enviar correos electrónicos un poco "pesados", hicieron que se levantaran voces reclamando un trato igualitario para cualquier ámbito, urbano o rural.

Ante esta nueva demanda social y particularmente por la anunciada necesidad de cesión de espectro de la red analógica (TMA 900) a la red digital (GSM) y el plazo regulatorio para la el total abandono de las frecuencias por dicha red analógica (2007, que posteriormente se ha adelantado), Telefónica realizó pruebas tecnológicas para la migración a posibles nuevas tecnologías.

El resultado de dichas experiencias fue que Telefónica de España se planteó que, una vez que se encontraran las fórmulas de financiación necesarias, sería posible resolver los distintos escenarios con distintas soluciones tecnológicas:

•   Pequeñas zonas de densidad elevada y con red en las proximidades: soluciones convencionales de pares de cobre y soluciones mixtas de fibra y cobre.

•   Zonas de densidades medias: en principio susceptibles de ser atendidas mediante tecnología LMDS. Si bien era necesario identificar equipos con determinadas características (por ejemplo, que no fuese necesario visibilidad directa, con tecnología IP para optimizar el tramo entre estación base y red, ...) y que presentase unos costes admisibles.

•  Zonas de baja densidad y zonas de sombra LMDS: la tecnología GSM/GPRS había demostrado que era eficiente y sinérgica con la extensión del servicio en zonas de baja concentración de clientes.

•  Resto de zonas de sombra: soluciones vía satélite.

INICIATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL TRAC

El entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología era consciente de esta situación y ya dio los primeros pasos en el año 2000, sondeando las posibilidades técnicas y de otro tipo de Telefónica de España. Se trataba de encontrar una fórmula que permitiera al Ministerio atender la demanda social al tiempo que no pusiera a Telefónica en una situación insostenible por el coste de esta transformación.

El Ministerio finalmente realizó una Consulta Pública sobre el Plan de Actuación para permitir que todos los abonados al servicio de telefonía fijo puedan acceder a Internet a velocidad "adecuada" (agosto 2001).

A la vista de las respuestas, de la evolución de la tecnología y de la creciente demanda social, en julio de 2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología incorporó en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) de 13 de julio de 2002, una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril) por la cual incorporaba al servicio universal la obligación de acceso funcional a Internet y establecía un calendario de cumplimiento de dicha obligación en términos de cobertura territorial. De esta forma, el estado español se adelantaba a las Directivas comunitarias que más tarde incorporaron la misma obligación en el contexto del servicio universal.

Uno de los hitos del calendario exigido en la mencionada Ley de julio de 2002, era la presentación a los cinco meses de un Plan Operacional que debería se aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La duración de dicho Plan se estableció en un principio para el periodo 2003/06 (posteriormente se amplió hasta 2008).

El Ministerio de Ciencia y Tecnología había conseguido la asignación de una partida importante de recursos del Plan Operativo 2000-2006 de los Fondos Feder de la Unión Europea al proyecto de extensión de la obligación de acceso funcional a Internet como parte del servicio universal. Dichas ayudas debían someterse a las condiciones habituales de las ayudas de la UE, entre las que cabe destacar la necesidad de optimizar recursos mediante una solución del mínimo coste y de realizar un proceso transparente y no discriminatorio para la asignación de beneficiarios.

Por tanto, el Plan debía recurrir a soluciones de mínimo coste, lo cual significaba la utilización del mix óptimo de tecnologías. Al mismo tiempo, la necesidad de un proceso transparente y abierto para poder optar a financiación con fondos comunitarios, obligaba a Telefónica de España a convocar un concurso. Dicho concurso se convocó el 31 de julio de 2002. No se establecía ninguna limitación tecnológica (neutralidad tecnológica) y pretendía fijar el marco de colaboración con operadores interesados en este proyecto, de forma que la financiación llegara al operador más eficiente. El concurso, que fue ampliamente publicitado y gozó de estrictas condiciones de transparencia y ecuanimidad se basó en un criterio de selección supervisado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y, en última instancia, por la propia Comisión Europea.

SITUACIÓN DEL TRAC EN 2003

Se llega pues al momento de presentar un plan al Ministerio de Ciencia Y Tecnología con las condiciones de "población TRAC", que se describen a continuación.

El crecimiento vegetativo posterior al Plan operacional 1992/96, nos sitúa en el año 2003 con 230.179 clientes TRAC. Dichos clientes tenían un alto grado de dispersión (y por tanto de la dificultad de atender dicha demanda con una única solución tecnológica). Hay que tener en cuenta que el 50% de las Estaciones Base (EEBB) tenían de media 11 abonados y que la superficie a la que da servicio una EB podía ser superior a 1.000 Km2. En línea con lo anterior, hay que mencionar la existencia de un centenar de clientes atendidos por una red VSAT específica al no existir cobertura móvil en la ubicación de dichos clientes.

DESARROLLO DEL PLAN

Tras tres años de desarrollo del Plan, la migración de clientes a fecha de 30 de junio de 2006 ha evolucionado tal y como se refleja en el Cuadro 1.

El plan 2000-2006 permite la extensión del proyecto durante dos años, para lo cual las inversiones a realizar durante 2007 y 2008 deben estar comprometidas en diciembre de 2006, por lo que se está en un momento decisivo para la planificación de los dos y decisivos últimos años del mismo.

Tomás Gutiérrez Bernabé, Andrés Garrido Martín y Jordi Castaño de la Portilla. Telefónica de España

[1] OM del 31 de octubre de 1978 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sobre la atención de la demanda del servicio telefónico en extrarradio y zonas rurales.

- Real decreto 1218/1981, de 5 de junio, sobre extensión del servicio público telefónico en el medio rural.

- Orden de 29 de junio de 1981 sobre regulación de Teléfonos Públicos que establece la normativa que regula su instalación y funcionamiento.

- Real Decreto 2248/1984, de 28 de noviembre, sobre extensión del servicio telefónico en el Medio Rural. Supuso un paso adelante ya que, ante la magnitud del problema, regula la colaboración de entidades territoriales y particulares, y hace de esta el principal estimulo de la extensión del servicio. Así a partir de este momento es un hecho generalizado la existencia de una partida para este fin en los presupuestos anuales de gran parte de las entidades autonómicas.

- Plan del Gobierno 1988/1991. Ante el elevado número de objetivos a cubrir, la dispersión geográfica, los elevados costes medios y los recursos insuficientes, animan al gobierno a desarrollar un plan de actuación que tiene como directrices: impulsar la colaboración entre entidades territoriales y Telefónica y reducir costes mediante la utilización de tecnología radio (multiaccesos analógicos y digitales).

- Plan Operacional 1992/1996.

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DE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO A LA BANDA ANCHA (II):
LA EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA